El mundo del derecho y la mujer no es
más que una evolución natural, reflejo de la sociedad imperante en cada
momento histórico.
De esta forma, la consideración del sexo masculino como superior al femenino
ha justificado durante mucho tiempo la desigualdad sufrida por la mujer en
diversos ámbitos y el tratamiento diferenciado otorgado por el derecho. Por
ello, la discriminación sufrida por la mujer tiene su culminación dentro de la
esfera familiar, siendo precisamente este un espacio que se supone de seguridad,
confianza y crecimiento personal, lo que ha generado y genera actualmente no
pocos sufrimientos.
Las leyes han ido evolucionando en consecuencia, desde una ya obligada
sensibilización de género, reformando aspectos del Derecho de Familia
adecuándolo al principio de igualdad y eliminado normas discriminatorias en
materia de matrimonio y familia que afectaban de manera decisiva la existencia
de las mujeres exponiéndolas a graves e incomprensibles daños y desventajas.
Sin embargo, esa igualdad formal protegida por las leyes, no se
encuentra en muchos casos reflejada en la práctica, al seguir imperando aún hoy
los roles atribuidos a cada sexo.
Mientras que la mujer ha salido de lo privado o doméstico, y aumenta su participación laboral seguimos
observando que existe un alto grado de discriminación por la inferioridad de su posición laboral o su mayor
vocación -u obligación- hacia las tareas familiares,
Atrás quedaron las dispensas y autorizaciones paternas o del marido,
pero aún observamos el sometimiento de la mujer al hombre en materia económica,
al seguir siendo éste el principal proveedor de recursos de la familia mientras
nosotras nos ocupamos mayoritariamente de los cuidados de los demás.
La mayor parte de los contratos a tiempo parcial son suscritos por
mujeres, sus salarios son inferiores, la baja cotización disminuye sus ingresos
por pensiones contributivas o las obliga a ser perceptoras de las no
contributivas o pensiones exiguas de viudedad.
.
Otro aspecto importante donde se palpa la discriminación es en materia
de conciliación laboral, y personal donde somos las mujeres las que solicitamos
las reducciones de jornadas, los permisos maternos por nacimiento y las
excedencias por cuidado de hijos e hijas y personas dependientes, lo que perpetúa de facto la atribución de
roles y el cuidado de la familia, en detrimento de su desarrollo profesional o
laboral.
Las consecuencias económicas para la mujer trascienden a otros ámbitos
del derecho privado como el derecho hereditario, o las pensiones de viudedad en
caso de divorcio, incluso en las ejecuciones de sentencias por pensiones
compensatorias ya que nuestro ordenamiento no las considera privilegiadas como
lo alimentos, con el claro perjuicio que ello causa a las mujeres más desfavorecidas.
Estas y otras cuestiones van a ser analizadas por la abogada malagueña,
especialista en derecho civil Doña Antonia Barba García, dentro de los Foros
Ágora 2014, “Mujeres en mayúsculas”, el próximo día 8 de mayo a las 18 horas en
el Instituto de la Mujer de Málaga.
Esperamos vuestra presencia y que sea de vuestro interés.
30 de abril de 2014
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